Santiago Corcuera, ex presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas de la ONU, informó que dará asesoría legal a familiares de personas desaparecidas en Morelos para llevar sus casos a esa instancia internacional.
“Les voy a dar el acompañamiento que ellas me pidan, con la experiencia que tengo en la participación en órganos internacionales para que puedan llevar los casos de sus familiares a que queden registrados en los registros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y que si quieren presentar alguna queja o alguna reclamación ante esos órganos para que se comuniquen esos órganos con el Estado Mexicano, lo puedan hacer”, dijo en entrevista.
El también ex integrante del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dijo que recibió la invitación de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Morelos que exigen a las autoridades estatales y federales que concluyan los procesos de identificación forense de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Jojutla, utilizadas por el Gobierno del perredista Graco Ramírez para inhumar de forma irregular decenas de cadáveres.
Los colectivos exigen que una vez que sean elaborados los perfiles genéticos de todos los cadáveres que yacen en instalaciones del Servicio Médico Forense los gobiernos estatal y federal reanuden los trabajos de exhumación de los cuerpos que aún permanecen enterrados en las fosas de Jojutla.
Corcuera aceptó la invitación y dijo que acudió a Morelos para recordarle al gobierno la obligación que tiene de cumplir con los tratados internacionales en materia de desaparición forzada.
“Venir a recordarle a las autoridades del Estado de Morelos que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es un instrumento internacional que obliga a todas las autoridades del País, a todos los niveles, independientemente de que sean federales y estatales.
“Que el incumplimiento de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de las autoridades locales provoca el desprestigio y el incumplimiento por parte de México como nación, ante el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó.
Los estados, agregó, tienen la obligación de cumplir con esas disposiciones, a pesar de los supuestos o posibles obstáculos legales que impidan su cumplimiento.
“Me motiva la invitación que me hicieron ellas para acompañarlas esta mañana en su mitin, en su plantón de exigencia de verdad, justicia, reparación, para hacer este recordatorio a las autoridades estatales, de cualquier sector o nivel, ya sea Poder Ejecutivo o ya sea de procuración de justicia, que deben de cumplirse con estas obligaciones más allá de supuestos obstáculos legales que hacen que se produzca una falta de coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda”, dijo.
Cuestionado sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, en Cuautla, y Jojutla, operadas por las autoridades del gobierno de Morelos en el Sexenio pasado, el abogado dijo que en estos casos las autoridades tienen una mayor responsabilidad en cumplir con los procesos de identificación forense de los cuerpos que yacen en ellas.
“Son fosas que están bajo el control de las propias autoridades, por lo que su responsabilidad en relación con la identificación de los cuerpos ahí hallados es mayor que si se tratara de una fosa clandestina (del crimen organizado).
“Tienen la obligación de realizar todas las acciones correspondientes para la identificación de esos cuerpos y no solamente volverlos a inhumar y esperar a qué sabe cuando para que se realicen las actividades de identificación forense que correspondan para poder identificar esos cuerpos a ver si corresponden a los nombres de las personas que estas madres están buscando”, dijo.
El problema, agregó, es que los cuerpos hallados en esas dos fosas, se inhumen de nueva cuenta sin los procesos de identificación genética.
“De modo tal que, perdónenme la palabra, que lo revuelvan y que después sea imposible o más difícil hacer las identificaciones, es muy importante por la dignidad que implica el que el cuerpo sea humano, que se trate al cuerpo humano con dignidad, a pesar de que sea de una persona fallecida, porque otra de las cuestiones que se deben de cubrir es la protección de la dignidad de los familiares, de las madres, de los padres, de las hermanas, de los hermanos, de las esposas y los esposos e hijos e hijas de las personas desaparecidas”, dijo.
Añadió que desde su punto de vista la operación de estas fosas comunes llenas de irregularidades no es una política de estado en México por que no ve una intencionalidad de las autoridades, sin embargo el impedir que los cuerpos sean identificados y entregados a sus familiares sí implica la comisión de un delito.
“No me atrevo a decir que es una política de estado, digamos planeada, con el fin de tener un sistema para vulnerar los derechos de las víctimas, no me atrevo a decir eso, no me atrevo porque eso implicaría acusar al Estado Mexicano de crímenes contra la humanidad, en relación con la búsqueda, yo no creo que hay aun patrón con esa intencionalidad.
“Yo creo que hay negligencia, pero lo que sí es muy importante que cuando ya empieza a haber negativa y pretextos para no cooperar, entonces sí ya se puede empezar a hablar de que hay cierto patrón de conducta que hay que investigar para ver si este es sistemático y planead”, dijo.
