En cumplimiento con uno de los compromisos a favor de la protección de la niñez y adolescencia en la entidad, quedó instalada la Comisión para la Implementación y Consolidación de La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de Morelos.
Lo anterior, durante la primera sesión extraordinaria, donde el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, tomó protesta a las y los integrantes de la Comisión, destacando que esto es muestra de que coordinados, se puede garantizar un acompañamiento que sea efectivo en la restitución de los derechos de las y los jóvenes en conflicto con la ley.
El objetivo de la Comisión es que las instituciones integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen, promuevan y coadyuven para el diseño, implementación y evaluación del sistema y la política pública en materia de justicia penal para adolescentes.
“Hoy es un día histórico para el estado de Morelos, pues se ve cristalizado un esfuerzo multi-institucional para que las y los adolescentes en conflicto con la ley cuenten con una reinserción social real y efectiva; que se les escuchen sus necesidades y que sean atendidas”, acotó el secretario de Gobierno, quien presidirá la Comisión.
El encargado de la política interna indicó que las y los adolescentes merecen gozar de todos sus derechos, aun estando en conflicto con la ley.
“Esta es la muestra de que en Morelos se continuará trabajando para que las segundas oportunidades sean reales para todas y todos”, puntualizó.
En su intervención, la secretaria ejecutiva del SIPINNA, y secretaria técnica de la Comisión, Danae De Negri, destacó que la misma representa una gran suma de voluntades gubernamentales para trabajar de manera coordinada e integral, a favor de las y los adolescentes en conflicto con la ley, pues aunque el estado de Morelos cuenta con importantes avances en la materia, gracias a un sistema integral que busca visibilizar los derechos de este sector.
Lo anterior, para prevenir actos y escenarios que permitan que las y los jóvenes y niños se involucren en problemáticas que afecten su libre tránsito, su pleno desarrollo, y su futuro prometedor, debe ser obligada y primordial para todas las autoridades del estado, los municipios y el país en general.
Danae De Negri explicó que uno de los compromisos de la administración que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, es la continuidad de un sistema especializado, que brinde a las personas adolescentes oportunidades reales para asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones para desarrollar positivamente sus capacidades para reincorporarse a la sociedad.
En tanto, la coordinadora de la Comisión de Justicia Penal, Ana Virinia Pérez Güemes, señaló que lo que se debe proporcionar y asegurar es la asistencia jurídica calificada a la población adolescente, velando que las condiciones de reclusión, si es el caso, cumplan con las reglas internacionales; además de fortalecer las medidas de prevención de la violencia hacia menores en reclusión, e impulsar la capacitación de los operadores del sistema de justicia integral.
La también magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJA), Pérez Güemes dio a conocer que se han realizado dos mil 475 procesos de adolescentes para que recuperen y restauren sus derechos, con herramientas útiles para su vida.
Los integrantes de la Comisión escucharon el testimonio de Luis N, quien dijo que los jóvenes deben ser escuchados, y dio su relato de cómo se vive la pandemia como interno en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA); destacando la importancia de que existan nuevas oportunidades que les permitan superar el proceso que se vive al interior del mismo.
Por su parte, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, manifestó que “para el Gobierno del Estado, las niñas, niños y adolescentes, necesitan que se les escuche, necesitan oportunidades, no castigos”.
Francisco Castellanos García, director de Coordinación Interinstitucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes, enfatizó en la necesidad de crear un grupo interinstitucional de trabajo, con el propósito de elaborar la estrategia que en verdad beneficie a este sector.
Durante la sesión, presentaron acciones para la garantía de los derechos de esta población, en el marco de la contingencia por COVID-19, Antonio Mazarí Benítez, director general de Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; Ania Dafne Ortiz Esparza, directora general del CEMPLA, y de la UMECA; Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado, así como el Contralmirante José Manuel Rodríguez Morales, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Acompañaron en el encuentro, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz; Eliacin Salgado, director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Gustavo Urquiza, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Mauricio Robles Cortés, subsecretario de Gobierno, entre los más de 60 participantes.
