Ejidatarios del núcleo agrario de Huitzililla, en el municipio de Ayala, Morelos, obtuvieron un amparo pues ni los gobiernos federal ni estatal, ni la empresa Aldesa, la que construyó el Paso Exprés de Cuernavaca, han pagado por las tierras que ocuparon para la construcción de la Autopista Siglo 21.
“En el año 2013 el Ejecutivo del Estado suscribió con los afectados un convenio de Ocupación Previa, mediante el cual efectuó un pago parcial, comprometiéndose a iniciar el procedimiento de expropiación y a pagar las diferencias económicas que en su caso arrojaran los avalúos que practicara el Instituto de Avaluos y Administración de Bienes Nacionales (INDABIN).
“A 5 años de efectuado ese compromiso, la carretera se encuentra concluida, sin embargo, el Gobierno del Estado no ha iniciado el trámite expropiatorio y tampoco ha solicitado al INDABIN el avalúo de las afectaciones, para en su caso, pagar las diferencias comprometidas”, informó Lucía Meza, candidato de Morena al Senado de la República.
Además la empresa Aldesa ocupó parcelas que no formaban parte del convenio original de ocupaicón previa, lo que afectó los accesos a los campos de cultivo de la región.
“Con la experiencia anterior se opusieron a nuevas afectaciones y acudieron a la protección de la justicia federal mediante juicios de amparo y han obtenido la suspensión para protegerlos de nuevas afectaciones, como el Juicio de Amparo solicitado por Hipolito Flores Montiel, quien obtuvo ya la suspensión provisional en el Juicio de Amparo 579/2018, tramitado ante el Juez Séptimo de Distrito del Estado de Morelos”, dijo Meza.
Con el amparo, los trabajos finales de la construcción de la Autopista Siglo 21, con la que se conecta Puebla y Morelos, deberán ser suspendidos.
“Hago un llamado a Graco Ramirez Garrido Abreu para que a cinco años incumplir su palabra inicie el procedimiento de expropiación de la afectación, solicite al INDABIN los avalúos de las tierras afectadas y pague a los campesinos las diferencias que arrojen los avalúos, como se comprometió con los afectados.
“A pesar de los incumplimientos a su palabra, el organismo público del gobierno del Estado, denominado ‘Operador de Carreteras de Cuota’, y quien tiene a su cargo las indemnizaciones, intentó despojar de nuevos tramos de tierra a campesinos del poblado de Huitzililla, requiriéndoles más tramos de terreno con la promesa que mas adelante se los pagarían”, expresó Meza.
De acuerdo con la candidata al Senado, hasta la fecha ni el gobierno del estado, ni la empresa Aldesa ha cumplido con los compromisos adquiridos para que las parcelas afectadas cuenten con los accesos necesarios para movilizar maquinaria y transportar sus productos
