El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, otorgó una suspensión indefinida al llamado ‘Plan B’, lo que permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) seguir operando como lo hacía antes de la reforma promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El INE había presentado una controversia constitucional contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes secundarias, y la suspensión otorgada por el Ministro Laynez garantiza que el adelgazamiento del órgano electoral no podrá concretarse.
En palabras de la Corte:
«El Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma».
Además, la Corte ha resuelto que, en controversias constitucionales, corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
La suspensión regirá mientras la Corte tramita la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma, lo que probablemente se despachará antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.
El Ejecutivo y el Congreso pueden impugnar la suspensión ante una de las Salas de la Corte, pero el trámite de ese recurso tomará varias semanas.
¿Cuál es el problema con el Plan B?
El ‘Plan B’ enfrenta un problema de origen, ya que fue aprobado en la Cámara de Diputados con prisa, votando una iniciativa del Ejecutivo el mismo día que fue presentada, lo que va en contra de múltiples precedentes de la Corte sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo, especialmente tratándose de una reforma de fondo al sistema electoral.
Si este defecto no tiene ocho votos para invalidar en el Pleno de la Corte, entonces se analizaría el contenido de la reforma para determinar si la supresión de unidades y secretarías del INE y muchos otros cambios al sistema de impugnaciones y reglas de los partidos políticos ponen en peligro la calidad de los procesos democráticos.
¿Qué significa la suspensión otorgada por el Ministro?
Es importante mencionar que, aunque el proceso electoral de 2024 iniciará en septiembre de 2023, la Corte no está obligada a resolver la controversia 90 días antes, ya que este límite temporal solo aplica para la publicación de nuevas leyes.
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