La diputada Erika Hernández Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria de Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó un Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, Dra. Ana Cecilia Rodríguez González, a verificar que el sector patronal público y privado de la entidad, cumpla con la inclusión de personas con discapacidad a su plantilla laboral.
La inclusión está considerada en la Ley, pero no se cumple, por lo que la fracción parlamentaria de RSP llama a que se cumpla la normativa, consciente de su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Es nuestro deber como representantes del pueblo de Morelos, supervisar y exigir el pleno acceso de grupos que han sido históricamente marginados a derechos que no deberían estar en cuestión, enfatizó la legisladora, particularmente ante la cercanía del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.
El exhorto, aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria, pide que la funcionaria a través de la dependencia citada, dé cumplimiento al artículo 56 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos e informe sobre las actividades de inspección, verificación y supervisión que haya llevado a cabo la dependencia a su cargo.
En las consideraciones del documento, la diputada Erika Hernández destacó que partir de la reforma de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la misma y los tratados internacionales, lo que incluye prohibir toda discriminación, motivada, entre otros, por discapacidad; además, obliga a las autoridades a garantizar que se respeten esos derechos.
En ese contexto, el 14 de septiembre de 2018 se aprobó la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado, en cuyo artículo 56 se establece que las empresas privadas de cualquier índole y las dependencias de la Administración Pública ubicadas en el territorio, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, deberán integrar a personas con discapacidad.
Según ese artículo, tales patrones públicos y privados deben integrar una persona con discapacidad por cada 50 empleados o servidores públicos al efecto de que sean incorporados el 2% de personas con discapacidad en la plantilla laboral.
Expuso que la autoridad debe realizar actividades de inspección, verificación y supervisión, así como establecer auditorías en las empresas ubicadas en Morelos; sin embargo, esta disposición legal no se ha cumplido.
