El plan tiene como objetivo debilitar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral, y permitir a los funcionarios hacer propaganda política.
La reforma a las leyes secundarias en materia electoral fue propuesta después de que el presidente no pudiera conseguir los votos necesarios para modificar la Constitución. La reforma fue avalada por los legisladores del partido gobernante Morena y sus aliados, pero podría ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El «Plan B» del presidente López Obrador elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral, lo que implica que habrá menos personal calificado para supervisar los comicios. Como resultado, al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos cuando las juntas distritales pasen de permanentes a temporales, lo que representa el 84.6% de las plazas. Además, otros 2 mil trabajadores administrativos serán despedidos.
La reforma también faculta al gobierno a interceder en las elecciones permitiendo que los funcionarios hagan propaganda política durante las elecciones bajo el argumento de que están ejerciendo su libertad de expresión. Además, la reforma permitirá que los mexicanos en el extranjero voten con su pasaporte o su matrícula consular, un documento expedido no por el INE, que es autónomo, sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Cuál será el impacto de la reforma?
Los ex presidentes del INE, los actuales consejeros y académicos han advertido del impacto que tendrá en la confección del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, que son elementos centrales del sistema democrático nacional.
El domingo pasado, miles de ciudadanos se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en al menos 100 ciudades más en contra del «Plan B» y para solicitar a la Corte que rechace la reforma.
Si la Suprema Corte de Justicia no revierte la reforma, comenzará en noviembre, no en septiembre. En ese mismo mes, el órgano electoral deberá informar sobre las adecuaciones administrativas y el costo de la reestructuración, al desaparecer las juntas distritales y crear oficinas auxiliares, además de despedir a los vocales ejecutivos, fusionar direcciones y eliminar unidades y áreas en la sede central.
El INE tendrá 180 días para realizar un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, para que no ganen más que el Presidente y su trabajo no sea considerado «especializado o técnico».
Con información de Reforma
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