Piden proveedores de Cruz Azul la intervención del Congreso para solucionar conflicto en Cementera.

Verónica Jiménez – Noticias Énfasis

Durante una protesta en la sede del Congreso local, los afectados señalaron que son 5 mil personas de diversas empresas de la región las que batallan tras el conflicto que mantiene paralizada a la planta cementera y lanzaron un grito de auxilio pues la criminalidad y la drogadicción van al alza en la zona.

Unas 500 personas a bordo de autobuses y autos particulares expusieron que la situación en la región Tula-Tepeji es muy delicada, toda vez que, ante la falta de empleos y dónde colocar la producción de materias primas para la elaboración de cemento, así como la prestación de servicios, se han disparado las acciones de la delincuencia a través de robos y asaltos, además de que se elevó el consumo de drogas.

Señalaron que son más de 17 empresas proveedoras de las cuales dependen económicamente hasta cinco mil personas, muchos de ellos, estudiantes y prestadores de servicios, así como pequeños comercios.

Con mantas y pancartas los afectados por el cierre de Cruz Azul, ingresaron a la sala de sesiones donde desplegaron sus lonas donde señalaron lo que viven en Ciudad Cruz Azul, Hidalgo en Tula.

“Gobernador: Cerrar calles, amenazar, intimidar y robar al ciudadano, dejar sin empleo, despojar de la materia prima y retener las pertenencias de las empresas del núcleo corporativo, No es asunto de particulares”.

“Diputados ustedes son nuestra voz en el Congreso y con el gobernador”, señalaron.

Tras la protesta a las afueras del edificio legislativo y en la sala de sesiones, los inconformes fueron atendidos por las diputadas Lisset Marcelino Tovar, Tania Valdez Cuellar y Citlalli Jaramillo Ramírez, aunque solicitaban la intervención de los diputados por Tula, Octavio Magaña y Sharon Macotela, pero ninguno de los dos estuvo.

A pesar de ello, entregaron información de la situación que impera en la zona lo que ha provocado falta de empleo, inseguridad y en general falta de paz social, a fin de que le informen al gobernador, Julio Menchaca y busque la manera de contribuir en la solución del conflicto que, si bien es entre particulares al tratarse de una empresa privada, la situación social es cada vez más grave.