La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó señalamientos de protección a funcionarios tras el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvo que su administración actuó conforme a la ley.
Durante la conferencia matutina del 4 de mayo en Palacio Nacional, la Mandataria respondió a cuestionamientos sobre la solicitud de detención provisional contra Rocha Moya y otros nueve ciudadanos mexicanos, referida en un documento de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La titular del Ejecutivo vinculó las críticas con una campaña impulsada por medios de comunicación, redes sociales y adversarios políticos.
«Se viene una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros».
Sheinbaum explicó que el Gobierno de México solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir opinión a la Fiscalía General de la República sobre la existencia de pruebas que justificaran una detención provisional.
«Misma actuación del gobierno de México».
La Presidenta reiteró que su administración no protege a personas vinculadas con posibles delitos.
«Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie».
En su exposición, Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene una línea basada en principios y combate a la corrupción.
«Hoy es tiempo de los principios, es tiempo de la honestidad, es tiempo de la defensa de la soberanía».
La Mandataria también mencionó acciones en materia de seguridad para respaldar su postura.
Se refirió al envío de 94 jefes criminales detenidos en México y requeridos por Estados Unidos, así como a una reducción del 44 por ciento en homicidios. Además, citó detenciones de autoridades municipales presuntamente vinculadas con grupos criminales, entre ellas la de un presidente municipal en Jalisco, dentro de acciones relacionadas con la Operación Enjambre.
En el mismo contexto, Sheinbaum informó que instruyó al gabinete de seguridad trasladarse a Sinaloa para mantener la coordinación con la nueva encargada del gobierno estatal.
El Gobierno federal subrayó que cualquier señalamiento debe estar respaldado con pruebas y cuestionó actitudes que consideró injerencistas por parte de autoridades de Estados Unidos.
Esto, al referirse tanto al caso Rocha Moya como a un operativo reciente en Chihuahua en el que participaron ciudadanos estadounidenses.
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