El asunto que se desató en torno a la diputada María Clemente ahora ya alcanzó un nivel mucho al que hay que ponerle mucha más atención.
Por medio de redes sociales activistas y organizaciones se han manifestado contra ella y contra la iniciativa para regular el trabajo sexual que acaba de lanzar en la Cámara de Diputados.
Hace unos cuantos días, la diputada María Clemente (inicialmente por Morena, al que renunció hace no mucho) publicó un par de videos con contenido sexual explícito en su cuenta de Twitter.
Las críticas por eso no se hicieron esperar y San Lázaro no tardó en responder. El 3 de octubre, el diputado Ignacio Mier, quien también es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, anunció que el caso sería investigado por el Comité de Ética.
De igual forma, anunció que se van a reunir en Morena para decidir si le quitan a la legisladora García Moreno las comisiones en las que participa. Pero todo tendría que ser platicado para no violentar sus derechos y para tampoco hacer juicios anticipados.
La diputada se defendió con 4 principales puntos: que es mujer, que es su cuerpo y por lo tanto su decisión, que tiene el derecho humano a la libre autodeterminación, y que es ciudadana mexicana con derechos a votar y ser votada.
Posteriormente publicó un informe de actividades legislativas como diputada con el mensaje:
“Mi cuerpo, es mío, solo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, solo mío, ni de mi Esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado“.
Señala que durante el primer año legislativo inscribió 6 iniciativas que profundizan sobre los derechos de la población a la diversidad, de manera particular hacia las mujeres trans.
Cuando le cuestionaron sobre los videos publicados, la legisladora explicó que antes de ser diputada era trabajadora sexual. Afirmó que hay otros diputados que tienen otros trabajos que les generan ingresos extra y cuando ellos los dejen, entonces ella dejará el trabajo sexual.
Para empezar, la legisladora propone adicionar un capítulo a la Ley Federal del Trabajo para hablar de trabajo sexual. En ese capítulo se reconoce y protege el trabajo sexual como una actividad lícita.
Define el trabajo sexual como una “actividad que se ejerce en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o por medios digitales, de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción, entre personas mayores de 18 años de edad, a través de la realización de servicios sexuales, eróticos y/o acompañamiento, a cambio del pago de una remuneración económica, sea en dinero o en especie, de conformidad con las condiciones de tiempo, lugar y costo establecidas de común acuerdo entre la persona trabajadora sexual y la persona usuaria sexual“.
De igual forma se establece que las personas trabajadoras sexuales tienen derecho a no ser discriminadas, a la protección a la salud, así como acceso a servicios de salud cuando no cuenten con seguridad social.
El asunto es que la iniciativa también habla de que tanto las personas trabajadoras sexuales como las usuarias sexuales están obligadas a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones.
Pero no dice cómo. Luego dice que si esto no se simple entonces habrá responsabilidades civiles o penales
Por medio de redes sociales, activistas y organizaciones de personas viviendo con VIH, lanzaron un comunicado para condenar la iniciativa de la diputada María Clemente.
Argumentan que están a favor de que se ejerza el trabajo sexual, que haya mejores condiciones de salud, de seguridad y que haya autonomía para ejercerlo, pero rechazan que se hable de un “riesgo de contagio”.
Y no es lo único. Trabajadoras sexuales y activistas también se han pronunciado en contra de la diputada y sus acciones.
La activista Irene Valdivia, coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans y la Colectiva Canteras, se cuestiona dónde estuvieron los foros con personas trabajadoras sexuales para poder sustentar esta iniciativa y cualquiera que vaya a salir en el futuro.
Y es que afirma que a lo largo de los años ha habido mucha violencia institucional desde el sector salud hacia las personas trabajadoras sexuales, como por ejemplo, tener carnets donde se revela el estado serológico, pruebas forzadas de VIH y otras ITS, códigos de vestimenta, etc.
“¿Dónde está la interlocución para abordar las necesidades de los sectores más precarios del trabajo sexual?“, escribe para Homosensual
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