Se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Morelos, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes priven de la vida a elementos de seguridad pública en ejercicio de sus funciones. La propuesta plantea elevar el castigo mínimo de 25 a 40 años de cárcel, buscando establecer un marco jurídico que desincentive las agresiones contra los cuerpos policiales y mande un mensaje de cero tolerancia a la impunidad.
La iniciativa surge tras los recientes ataques violentos registrados en municipios como Jonacatepec, Yautepec y Jiutepec, donde oficiales de diversas corporaciones perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Se argumenta que este tipo de delitos no solo afectan a las familias de las víctimas, sino que representan un desafío directo a la autoridad del Estado y al orden social, por lo que requieren una respuesta legal proporcional a la gravedad del daño colectivo.
“Cuando se asesina a un policía en cumplimiento de su deber, no solo se priva de la vida a una persona; se desafía la autoridad legítima del Estado y se rompe el orden jurídico. El daño no es individual, es colectivo”, se expuso durante la presentación de la reforma al artículo 108 de la normativa penal vigente.
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