Ante el incremento de casos de crisis de salud mental, se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para establecer lineamientos obligatorios que permitan una intervención oportuna y humana en situaciones de riesgo. El proyecto busca dotar a las corporaciones policiales, servicios de salud y rescatistas de herramientas específicas para identificar, contener y canalizar adecuadamente a personas con conductas suicidas, asegurando que el primer contacto institucional sea profesional y con estricto respeto a los derechos humanos.
La propuesta legislativa responde a la preocupante estadística del INEGI, que sitúa a la población de entre 15 y 39 años como el sector más vulnerable ante esta problemática. Con la creación de estos protocolos, se pretende articular el trabajo de las dependencias de emergencia para que la atención no sea aislada, sino una red coordinada que priorice la preservación de la vida y la dignidad de quienes atraviesan crisis psicológicas agudas.
“La vida es irrenunciable. Ninguna persona debe enfrentar sola una crisis, y cada intento no atendido puede convertirse en una tragedia irreversible”, se enfatizó desde la tribuna legislativa al subrayar que la salud mental debe ser una prioridad en la agenda pública del estado.
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