El pasado 6 de agosto, la Profepa, con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, desmanteló un aserradero que operaba sin autorización, asegurando más de 8 m³ de madera, dos vehículos de carga y maquinaria especializada. El sitio no acreditó la legal procedencia de los recursos, por lo que fue clausurado.
La extracción ilegal afecta la recarga de acuíferos, la captura de carbono y la biodiversidad del Bosque de Agua. Profepa continuará con el procedimiento administrativo, la denuncia penal y el reforzamiento de operativos para frenar la tala clandestina en la zona.
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