El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe solicitar al Poder Legislativo local la remoción de Uriel Carmona como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), propuso la Asociación de Agentes y ex Agentes del Ministerio Público del Estado de Morelos.
«En este momento, en total apego a la Ley, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de solicitar la remoción del Fiscal General al Congreso del Estado, esto por causas de responsabilidad que se encuentran marcadas en la misma Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
“Esta solicitud tendrá que hacerse al Congreso del Estado y que los legisladores tendrán 10 días hábiles siguientes a su solicitud para los efectos de pronunciarse sobre esta solicitud de remoción. Si no se pronuncian en ningún sentido se entenderá como rechazada la solicitud y entonces continuará en el cargo, valga la redundancia, quien se encuentra como encargado ante la Fiscalía General de Estado”, dijo en conferencia de prensa Omar Alexandro López Ortiz, Presidente de la Asociación.
“Sin duda la responsabilidad de Uriel Carmona en el hecho que hoy se encuentra enfrentando, pues sin duda le impide llevar a cabo sus funciones y sus labores por el servicio y por el cual fue designado, sin dejar de mencionar que los nombramientos, ausencias y separaciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en donde se establece que para ser Fiscal General del Estado no debe de estar sujeto proceso penal y segundo, para su permanencia no debe ausentarse del servicio sin causa justificada.
“Se podrá interpretar de alguna u otra manera lo que aquí se ha dicho, sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben de tener una madurez política que los lleve a entender que la Fiscalía General del Estado debe contar con un titular que le dé certeza al despacho de los asuntos del Ministerio Público”, dijo López Ortiz.
Una vez que los diputados del Congreso local aprueben la remoción de Carmona Gándara, el Ejecutivo estatal deberá enviar la terna al Legislativo.
“Es un hecho notorio que la vinculación a proceso y la medida cautelar le impiden (a Uriel Carmona) ejercer sus funciones, sus labores como Fiscal General y ese tendría que ser el argumento del Poder Ejecutivo para hacer la solicitud.
“Los legisladores tendrán que ser muy responsables, sin duda ante esa circunstancia y entonces no politizar, eso es lo más importante, no politizar la designación porque entonces vamos a caer en la circunstancia de que hoy quien está al frente de la Fiscalía, pues va a permanecer el tiempo que lo decidan por no ponerse de acuerdo, tanto el Poder Legislativo y el Ejecutivo”, expresó.
