
OPINIÓN | ASIGNATURA PENDIENTE | OTTO ALBERTO PÉREZ
El combate a la corrupción sin duda es una excelente bandera electoral, sirve para generar simpatía a la sociedad que vive en el hartazgo de ver cómo los excesos de las administraciones priistas, panistas y perredistas han hecho del dinero público su capital de inversión en la iniciativa privada.
Pero ¿ha cambiado algo en los tiempos de la coalición “Juntos Haremos Historia”? Según la medición que califica a los países por su eficacia para combatir la corrupción en Latinoamérica, el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)” realizada por Americas Society, no.
La política aplicada en esta materia por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo no ha avanzado en el combate a la corrupción, por el contrario, ha retrocedido. En dicho índice México obtuvo 4.55 puntos de 10 posibles que evalúan el plan institucional enfocado a terminar con este fenómeno. Cabe mencionar que la calificación es menor a la obtenida en 2019 la cual fue de 4.65 puntos.
México ocupa el octavo lugar de los 15 países evaluados en dicho estudio, las calificaciones son las siguientes: Uruguay 7.78; Chile 6.57; Costa Rica 6.43; Brasil 5.52; Perú 5.47; Argentina 5.32; Colombia 5.18; México 4.55; Ecuador 4.19; Panamá 4.17; Guatemala 4.04; Paraguay 3.88; República Dominicana 3.26; Bolivia 2.71 y Venezuela 1.52.
Este resultado podría ser calificado como un fracaso hasta este momento para el gobierno de AMLO y desgraciadamente no se observa una mejoría a corto plazo si se toma en cuenta que según el colectivo
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la administración de López Obrador otorgó en estos primeros 6 meses de 2020, 78.2% contratos sin licitación, en lo que se incluyen 122 correspondientes al Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas.
Casos como los ocurridos en Morelos donde el primer círculo del gabinete del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, además de la adjudicación directa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a la Empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez son ejemplos claros que el discurso mañanero de la lucha contra la corrupción se quedará como en administraciones anteriores, en una simple promesa de campaña a la sombra de la impunidad y la molestia ciudadana de ver una vez más la creación de nuevos ricos.
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