Después de aprobarse el pasado 12 de abril el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, afirmó que se requieren 200 millones de pesos para la implementación de los juicios orales en materia familiar.
Señaló que en este proceso no se contempló por parte de los diputados federales y senadores recursos económicos para iniciar con esta transformación de la impartición de la justicia en el ámbito familiar.
“Desde los estados y desde la CONATRIB vamos nosotros a presentar un llamado y vamos hacer un exhorto también al mismo Senado de la Republica y al Congreso de la Unión por el tema de que a diferencia de la reforma penal y a diferencia de la reforma laboral en esta reforma no se dotó a los estados de la República de un presupuesto para la instauración de esta oralidad familiar”, enfatizó el magistrado.
Gamboa Olea subrayó que, de lo contrario, el poder Judicial tendría que pedir una ampliación presupuestal al Ejecutivo y Legislativo para cumplir con esta nueva normatividad.
“Realmente es un gran avance la oralidad familiar, toma en consideración un tema que es fundamental para nosotros que es inmediación, ya no va haber barreras entre la información que dé un menor de edad y el juez, o sea, el juez va recibir de viva voz la información que un menor, que la mamá, que el papá puedan verter en audiencia y ya no va ser a través de un papel, ya no va ser a través de un documento sino que el juicios va recepcionar la información”, declaró.
