Derechos Humanos

Pensión de Bienestar para pcd: el programa que no puede con su meta

Aun cuando para el 2023 el programa ejercerá un nuevo aumento en su presupuesto, que alcanzará 25 mil millones, otra vez no llega a la meta de cubrir a un millón de personas con discapacidad.

La pensión para personas con discapacidad, un programa opaco y que no ha podido cumplir con la meta de un millón de beneficiarios, tendrá por cuarto año consecutivo un aumento presupuestal de miles de millones de pesos, de acuerdo con la estrategia de gasto del gobierno federal.

“Amarrar” recursos locales con 29 entidades del país, visitas y campañas para promover la apertura de registros y crecimiento multimillonario de los recursos, no han sido suficientes para que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente -programa prioritario de la 4T-, logre la cobertura universal que se propuso para este año, de acuerdo con las cifras públicas del Padrón Único de Beneficiarios (PUB).

A pesar del incumplimiento de metas, la Cámara baja autorizó un incremento de más de cinco mil 400 millones de pesos para el pago de las pensiones destinadas a las personas con discapacidad, como se precisa en los anexos del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado tras más de 40 horas de discusión.

Así, el presupuesto de las pensiones para pcd pasará de 20 mil 37 millones de pesos para 2022 a 25 mil 514 millones 708 mil 767 pesos a ejercer durante el siguiente año.

Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que aunque hay que reconocer que la pensión puede compensar la falta de ingreso de las personas con discapacidad, es un error que el gobierno federal concentre toda la política pública de inclusión en las transferencias de dinero.

“Los esfuerzos se concentran alrededor de compensar de manera momentánea el ingreso y se olvidan otras acciones del gobierno para romper con las barreras que enfrentan con las personas con discapacidad”, aseguró Masse en entrevista.

Estas transferencias, al no estar acompañadas de inversión en educación, capacitación para el empleo ni salud para las personas con discapacidad, terminan por sustituir la posibilidad de tener un estado de bienestar, mencionó la especialista.

“No es nada más invertir en compensar el ingreso de manera momentánea, también se necesita invertir en capacidades productivas (…) en agendas de inclusión efectivas que permita que las personas con discapacidad reduzcan no solo su pobreza, sino sus carencias sociales”,observó.

Van por 1.6 millones

Si este año el gobierno federal no ha podido afiliar a 134 mil personas con discapacidad permanente para cumplir con la meta del millón de registros, para el 2023 la 4T se fijó un objetivo todavía más ambicioso: un millón 618 mil 85 beneficiarios, según las Previsiones de Gasto Programable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aumentar el padrón y un incremento en la dispersión que reciben los beneficiarios -cuyo pago pasaría de dos mil 800 pesos a tres mil 200 pesos bimestrales-, son las justificaciones para el crecimiento presupuestal de programa, como explicó Hacienda en los Criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Aunque en el documento, Hacienda dijo que el gobierno federal buscaría 24 mil 077 millones de pesos para la pensión, la Cámara de Diputados determinó un presupuesto superior, de 25 mil 514 millones de pesos para cumplir con la afiliación “universal” de las personas con discapacidad en el país.

¿En qué se utilizará el excedente es una pregunta que aún no tiene respuesta? Como tampoco se explica por qué el gobierno federal solo contempla la meta de un millón de beneficiarios -o 1.6 millones en el 2023- cuando el Censo 2020 del Inegi establece que en el país son casi 21 millones las personas que tienen alguna discapacidad. 

Datos van datos vienen, pero el millón no llega 

“Se logró la meta del presidente y la superamos: hoy son 1 millón 018 mil 628 personas con discapacidad las que recibieron su pensión en el mes de enero para este primer bimestre del año”, dijo Ariadna Montiel Reyes el 31 de enero de este año en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador.

Se trataba de la primera vez que Montiel aparecía en la conferencia como titular de la Secretaría de Bienestar, cargo al que había llegado unos 20 días antes.

Sin embargo, la meta que presumió la funcionaria no se reflejó en los registros oficiales de la dependencia a su cargo, como se observa en el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal, que en su apartado referente a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente establece que para el periodo enero-febrero 2022 eran 887 mil 110 los beneficiarios del programa.

Si lo que dice la secretaria no concuerda con los registros oficiales, tampoco lo hacen los datos de la propia dependencia.

Según lo declarado por la subsecretaría de Bienestar en la respuesta a la solicitud de información con folio 330025822002411, en el primer trimestre de 2022 había 927 mil 790 beneficiarios de la pensión para personas con discapacidad permanente.

El 6 de junio -es decir, tres meses después del registro del periodo enero-marzo 2022-, la Secretaría de Bienestar anunció el inicio de una etapa de afiliación masiva de personas con discapacidad para acceder a la pensión.

Estos nuevos registros, como explicamos en Estos son los estados donde empiezan a registrar nuevos beneficiarios de pensiones Bienestar, obedecían a la firma de convenios entre el gobierno federal y las entidades del país, en donde cada instancia aportaría el 50 por ciento del financiamiento para ampliar la cobertura de la pensión e incluir a todas las personas con discapacidad permanente desde cero años y hasta un día antes de cumplir 65 años.

Desde el 6 de junio, Ariadna Montiel ha acudido a cada una de las entidades en las que se abre el registro.

El archivo de comunicados de Bienestar da cuenta de cómo la secretaria ha acompañado a gobernadores e incluso al presidente en los actos políticos en los que se anuncian las metas, la “universalidad” de la pensión y las aportaciones que hacen los gobiernos para el pago a los beneficiarios.

Perifoneos, visitas domiciliarias, campañas en redes sociales y demás actos promocionales no han servido para que aumenten los registros de beneficiarios.

En Bienestar solo registró 1 de cada 7 nuevas pensiones para discapacidad mostramos cómo a un mes de iniciada la etapa de “universalización”, el promedio de cobertura de las afiliaciones en ocho entidades del país fue de apenas 15 por ciento de las metas establecidas por Bienestar al inicio de la campaña.

Las cifras del PUB dan cuenta del fracaso: para agosto de 2022, la pensión para personas con discapacidad sumaba solamente 928 mil 588 beneficiarios; a la meta del millón le faltan 71 mil 412 personas para ser una realidad y 90 mil 40 para llegar a la cifra anunciada por Montiel a inicios de año.

A pesar de la realidad -según los números oficiales de Bienestar-, su titular se ha empeñado en dar otros datos. El 1 de septiembre a través de su cuenta de Twitter, Montiel reiteraba que la pensión para pcd ya llegaba a un millón de “niñas y niños pobres”.

“La pensión a 1 millón de niñas y niños pobres con #discapacidad, ya se está ampliando a otras edades con la celebración de convenios con los gobiernos estatales y, pronto, este programa tan humano será universal”, escribió la secretaria.

En comparecencia en el Senado, el pasado 25 de octubre, Montiel insistió en que un millón de personas -no solamente niñas y niños- eran derechohabientes de la pensión para pcd, como consignamos en “Hoy 6 de cada 10 personas con discapacidad reciben una pensión”.

Para la especialista Fátima Masse la discrepancia entre las cifras es una de las fallas del programa estrella de la 4T para la atención de las personas con discapacidad.

“Una de las cosas en las que hemos hecho énfasis es en la importancia de tener transparencia. Reducir intermediarios para disminuir el riesgo de corrupción ha sido una de las razones de esta administración cambiar de modelo en torno al gasto social, pero si no hay transparencia, si no son claros los padrones, si no hay consistencia en los números, también se están abriendo oportunidades a la corrupción, es gravísimo”, consideró Masse.

A pesar de la falta de claridad y de las metas no logradas, la Cámara de Diputados aprobó la mayor ampliación presupuestal que ha tenido el programa desde su creación en 2019.

En cuatro años, el programa prioritario Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente ha pasado de manejar un presupuesto anual de ocho mil 500 millones de pesos a 25 mil 514, indican los datos de la Secretaría de Hacienda.

Como publicó el Diario Oficial de la Federación, si bien el monto de la pensión que recibe cada beneficiario se ha incrementado de dos mil 550 pesos a los actuales dos mil 800 pesos por bimestre, los aumentos no corresponden al crecimiento presupuestal.

Hacia el periodo julio-agosto de 2019, según el PUB había 548 mil 394 personas con discapacidad permanente beneficiarias de la pensión -entonces de dos mil 550 pesos-; el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó ocho mil 500 millones de pesos para el pago de las seis dispersiones bimestrales.

A mitad de 2020, cuando el monto ya era de dos mil 620 pesos por bimestre, había 653 mil 884 beneficiarios de acuerdo con el PUB, por lo que las transferencias tendrían que haber sido cercanas a 10 mil 279 millones 56 mil 480 pesos; aunque la Cámara de Diputados asignó 14 mil 197 millones (casi 4 mil millones de pesos más) para hacer frente al pago de esas pensiones.

Cada año la tendencia se repite, aumento presupuestal mucho mayor al incremento de beneficiarios.

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

AñoPresupuesto otorgado (millones de pesos)*Beneficiarios (periodo julio-agosto)**
2019$8,500548,394
2020$14,,197653,884
2021$16,614866,022
2022$20,037928,588
2023$25,514

*Informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
**Datos del Padrón Único de Beneficiarios: www.pub.bienestar.gob.mx/v2/pub/programasIntegrales/102/1988


La vocera de Bienestar, Lidia Arce Navarijo, no respondió a una solicitud de entrevista ni a las preguntas a propósito de las diferencias entre los datos reportados por la dependencia.

“Aunque cada vez se le destina más presupuesto a estas pensiones, los recursos siguen siendo relativamente bajos si los comparamos con otros países en términos de pobreza. Además hay fallas en su diseño que hacen que si no alcanza a cubrir a todas las personas con discapacidad, la pensión ni siquiera llegue a quienes tienen más necesidades”, criticó Masse.

La investigadora de IMCO dijo que el programa ha sido omiso en tener mecanismos de focalización que permitan tener mejores resultados en el combate a la pobreza de las personas con discapacidad. Sin lineamientos ni criterios mínimos, dijo, no se garantiza que las pcd realmente vean reducido el impacto de las desigualdades gracias a la pensión.

Pensión opaca y sin metas

En la más reciente revisión al gasto de la pensión para personas con discapacidad, la Auditoría Superior de la Federación encontró un programa con irregularidades por más de 90 millones de pesos.

Durante el ejercicio presupuestal de 2020, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tuvo en su registro, pagos duplicados, pagos a personas fallecidas y a beneficiarias sin registros poblacionales vigentes, entre otras irregularidades señaladas por la ASF, como lo documentamos en Opaco, sin metas y sin objetivos cumplidos, así opera el programa de la 4T para la discapacidad, a partir de la revisión a los informes de auditoría de la Cuenta Pública..

La auditoría encontró que no hubo plazos para la difusión, recepción y registro de solicitudes, validación de requisitos y elegibilidad de las personas solicitantes, incorporación de beneficiarios, integración al padrón, actualización y validación del mismo, emisión de listados de pago, incorporación y vinculación de beneficiarios dentro del proceso operativo, que es necesario para el pago, pago de apoyos, entre otras fallas solo en la operación de las inscripciones.

En ese año, 77 millones 347 mil 600 pesos fueron entregados a cinco mil 393 personas beneficiarias con Claves Únicas de Registro Poblacional (CURPs) inactivas o no válidas, mientras que otras mil 6 personas beneficiarias no contaron con CURP -requisito para acceder a la pensión-, pese a lo cual recibieron transferencias por un total de 13 millones 393 mil 400 pesos, encontró la ASF.

Pese a las irregularidades y al incumplimiento de metas, los recursos destinados a la pensión seguirán en aumento para 2023.

Por Itzel Ramírez | Fotografía de ‘El Sol de México’

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