Políticos, como Eder Rodríguez Casillas, acusados de cometer violencia de género y señalados como deudores alimentarios no deben tener acceso a cargos de elección popular, aseguraron integrantes del Frente Latinoamericano por la Participación de las Mujeres
“Las mujeres en el Estado de Morelos y en todo México hemos atravesado situaciones de vulnerabilidad derivado del incremento de las violencias de género, lo que ha resultado en la disminución de nuestros derechos y libertades.
“Frente a esta situación y en el contexto del proceso electoral concurrente es una prioridad y una demanda colectiva que todos los proyectos políticos incluyan a las mujeres como un eje de atención prioritaria y esta atención debe comenzar con la exigencia de que los perfiles postulados cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que prohibe que cualquier persona con una sentencia por delitos sexuales, violencia familiar o deuda alimentaria sea postulada para un cargo público”, expresó la vocera del frente.
En conferencia de prensa, las activistas lamentaron que a pesar de esta legislación existan candidaturas que han aprovechado lagunas en la Ley para postular a personas señaladas por agresión contra las mujeres
“Resulta indignante para todas las morelenses que hoy personajes como el candidato a la Presidencia municipal de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, de la coalición electoral Fuerza y Corazón por Morelos Vamos Todos, participen en la contienda electoral mientras ondean de manera hipócrita la bandera de los derechos de las mujeres.
“Rodríguez Casillas ha sido señalado públicamente como agresor familiar y deudor alimentario en diversos medios de comunicación locales y nacionales, como el medio ‘periodismo a toda prueba’ de la periodista Pamela Cerdeira, en diferente marchas del 8 de marzo en Morelos y cuya inscripción al padrón de deudores alimentarios fue solicitada ante el Poder Judicial el pasado 23 de junio de 2023 con el número de oficio 1943, por una deuda de 275 mil 999 pesos en detrimento de una menor”, dijo la vocera.
Para poder ser candidato de la oposición en Jiutepec, Eder pagó su deuda, lo cual aunque es legal, para las activistas no es legítimo.
“Una persona que necesita ser demandada para cumplir con sus obligaciones familiares, que agrede a su familia, no puede ser moral ni legalmente considerada para tomar decisiones públicas, ejercer un cargo de elección popular, ni mucho menos para generar políticas públicas a favor de las mujeres.
“Las ciudadanas morelenses tenemos memoria y no seremos botín político de nadie, aunque enarbolen la causa de la mujeres, conocemos el pasado de los agresores y de sus colaboradores cercanos”, expresaron.
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