En cumplimiento de la nueva Ley General contra la Extorsión, elementos de seguridad del CERESO Varonil “Morelos” detuvieron a María Elena “N”, de 62 años, al intentar ingresar dos teléfonos celulares ocultos durante la visita familiar. Este arresto marca un precedente importante en la entidad, ya que la nueva legislación federal endurece significativamente las penas por introducir dispositivos de comunicación a centros penitenciarios.
La detención se realizó como parte de los operativos interinstitucionales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que busca erradicar el uso de tecnología dentro de los penales para combatir el delito de extorsión. Según el artículo 23 de la ley vigente desde finales de noviembre, este acto ya no es solo una falta administrativa, sino un delito grave que se castiga con una pena de seis a doce años de prisión.
Actualmente, la mujer se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva y su situación jurídica se definirá en la audiencia de vinculación a proceso programada para el 2 de enero de 2026. Con estas acciones, las autoridades de Morelos, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, refuerzan la vigilancia en los centros de reinserción para garantizar que el sistema penitenciario no sea utilizado para vulnerar la tranquilidad de la sociedad.
“A quien introduzca dispositivos electrónicos que permitan la transmisión de datos o voz a un centro de readaptación, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión”, establece la nueva Ley General en Materia de Extorsión.
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